Banca abierta en Colombia

Colombia estableció las Finanzas Abiertas primero bajo un modelo voluntario con el Decreto 1297 de 2022 (que modifica el Decreto 2555 de 2010) y, con el Decreto 0368 de 2026, dio el paso a la obligatoriedad: las entidades vigiladas por la SFC deben compartir datos —con el consentimiento del titular— bajo los estándares que define la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

El Decreto 0368 es obligatorio pero deliberadamente más acotado que el régimen voluntario al que reemplaza. La participación obligatoria se concentra en las entidades vigiladas por la SFC —establecimientos de crédito, sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, sociedades fiduciarias, comisionistas de bolsa, administradoras de fondos de pensiones, gestoras de inversión y aseguradoras—, mientras que los actores no vigilados pasan a esquemas voluntarios. El decreto también eliminó dos elementos del marco anterior: el modelo de terceros de confianza y el requisito de reciprocidad. No se puede cobrar por la información, aunque los proveedores sí pueden recuperar costos de infraestructura.

El cronograma es lo determinante en la práctica. La SFC tiene seis meses desde la entrada en vigencia del decreto (7 de abril de 2026) para publicar el cronograma de implementación, y una vez emitido cada estándar las entidades participantes cuentan con doce meses para habilitar el acceso, prorrogables por una única vez hasta por seis meses adicionales. La Circular Externa 004 de 2024 fija las primeras especificaciones técnicas, y la SFC publica los estándares por categoría de información de forma progresiva. El sistema incorpora un mecanismo de doble verificación del consentimiento del titular.

El creciente ecosistema fintech de Colombia, incluyendo empresas como RappiPay, Nu Colombia y Nequi, se está preparando activamente para las finanzas abiertas. La significativa población no bancarizada del país convierte la inclusión financiera en un impulsor clave de la iniciativa.